Cambios en las etiquetas ambientales de la DGT: la formación, clave para adaptarse a la nueva movilidad
El panorama de la movilidad sostenible en España se prepara para una revisión importante: el Gobierno está estudiando modificar los criterios de concesión de las etiquetas ambientales de la DGT, una medida que afectará directamente a conductores, empresas de transporte y fabricantes de vehículos.
Una enmienda transaccional presentada por Sumar, ERC, Bildu y BNG en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible obliga al Ejecutivo a revisar los distintivos medioambientales y a actualizar los criterios actuales para garantizar una clasificación más rigurosa de los vehículos en función de su impacto real en el medio ambiente.
¿Qué etiquetas están en el punto de mira?
Actualmente, la DGT concede cuatro categorías de etiquetas: Cero, ECO, C y B, en función de la eficiencia energética y el tipo de tecnología del vehículo (eléctrico, híbrido, gas, gasolina o diésel). Sin embargo, los ecologistas denuncian que muchos vehículos con etiqueta ECO o incluso Cero siguen siendo contaminantes, especialmente si no se utiliza correctamente la tecnología híbrida.
Entre los vehículos que podrían perder sus distintivos están:
- Microhíbridos (MHEV), que apenas reducen el consumo real.
- Híbridos enchufables (PHEV), si no se recargan con frecuencia.
- Vehículos de gas (GLP o GNC), por su contribución a la emisión de gases contaminantes.
El objetivo es incluir también las emisiones de CO₂ como criterio obligatorio, no solo los contaminantes locales, para evitar el llamado «lavado verde» que denuncian organizaciones como Greenpeace.
¿Cómo se desarrollará el proceso?
El estudio de revisión será liderado por un grupo de trabajo interministerial con representación de los ministerios de Interior, Transportes, Industria, Transición Ecológica y Economía, y contará con la participación de las comunidades autónomas.
El debate no es menor: más del 50% de los vehículos nuevos vendidos en España se benefician actualmente de etiquetas Eco o Cero. Por ello, los fabricantes, agrupados en ANFAC, se oponen al cambio, alegando que generaría inseguridad jurídica y afectaría a las decisiones de compra de los consumidores.
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